Publicado en http://www.castelloninformacion.com el 3 de noviembre de 2014

Si aplicáramos los usos que funcionan en las empresas para mejorar la calidad, a la vida pública, la política cambiaría radicalmente. Los cargos electos no estarían aforados ni anclados a la silla. Los corruptos serían cesados por ley tan pronto fueran imputados, como se separa en las empresas los productos defectuosos; no habría sobre-costes por sueldos y privilegios abusivos; y los debates sobre el Estado de la Nación y Presupuestos serían obligatoriamente después de una auditoría anual de gestión, realizada por una entidad independiente, evitando de raíz el “y tu más” arbitrario y electoralista. Dicha revisión anual de gestión incluiría los ámbitos del gobierno, autonomías, ayuntamientos, y empresas públicas, con apertura de acciones correctivas y plazos, antes de la discusión en plenos o consejos, y se tendrían que corregir obligatoriamente las no-conformidades en tiempo y forma.

Aplicar principios y métodos comunes de las empresas en la política, para mejoran la calidad de la vida pública, requeriría una gestión documental y seguir el principio de la mejora continua cíclica, “planear, hacer, verificar, corregir”. Los documentos del sistema en este caso serían leyes y programas electorales, y los registros todos los documentos de contratación y seguimiento de la administración. Se tendrían que demostrar adecuado desempeño y las mejoras continuas, medibles, realizadas con el presupuesto destinado.

No se podría sobrepasar ningún presupuesto aprobado. La calidad es el coste mínimo al que puede producirse un bien o servicio que cumpla con unos cometidos. No podrían, en consecuencia, los políticos tener más que un sueldo. Los beneficios de ese sueldo no deberían distinguirse de los que pueden tener otros trabajos, por lo tanto tampoco se podrían tener ‘súper-pensiones’ con un tiempo de cotización mínimo, sino que se tendrían las mismas que en otros trabajos. No habría dietas o desplazamientos por ocupar un cargo: los demás humanos nos trasladamos de domicilio si lo requiere un cambio en nuestro trabajo.

Las empresas públicas, cargos, contrataciones que no estuvieran cumpliendo con los requisitos planificados, los cargos públicos que no acudieran a sus trabajos, serían despedidos y sustituidos por otros. Pedir disculpas está muy bien, pero lo que resulta útil es corregir errores y establecer mecanismos en el sistema para que no se vuelvan a producir. Si en lugar de ‘solo’ mala gestión hubiera apropiación indebida, habría obligación de restituir el daño causado, con bienes propios y graves consecuencias civiles y en su caso penales para los incumplidores.

Es utópico pero no imposible. Subyace la idea de que el dinero de los contribuyentes es sagrado y que los cargos públicos no son una propiedad de los que los ocupan, ni el hecho de ocuparlos los hace ‘honorables’, sino que han de responder de su gestión y honradez ante sus jefes, que son los votantes.